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El Gobierno de Navarra decide llevar el "Plan Ibarretxe" ante el Tribunal Constitucional y el Contencioso-Administrativo

martes, 20 de enero de 2004

El Gobierno de Navarra adoptó en la sesión ordinaria celebrada ayer el acuerdo de plantear un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional e interponer un recurso contencioso-administrativo frente al acuerdo del Gobierno Vasco de 25 de octubre de 2003 que aprobaba la "Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi", más conocido como "Plan Ibarretxe" (publicado en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco núm. 115, de 7-11-03).


El Gobierno de Navarra decide plantear estos conflictos de competencias al entender que las referencias a Navarra contenidas en el preámbulo y en el artículo 6 de dicha propuesta lesionan gravemente la integridad del régimen foral de Navarra, invaden las competencias propias de la Comunidad Foral y sus instituciones y suponen una burla a los ciudadanos navarros, que contienda electoral tras otra refrendan el Amejoramiento y la Constitución Española, otorgando su voto con abrumadora mayoría a los partidos políticos que los defienden.


Cabe señalar que, con anterioridad a acudir a los tribunales, el Gobierno de Navarra adoptó el pasado 24 de noviembre de 2003 un acuerdo requiriendo al Gobierno Vasco la anulación o revocación de su propuesta de estatuto político y, en particular, las referencias y artículos sobre la Comunidad Foral. Posteriormente, el Gobierno Vasco notificó su acuerdo de 16 de diciembre de 2003 desestimando tal requerimiento.


En su acuerdo de esta mañana, el Gobierno de Navarra ha encomendado la representación y la defensa de dicho conflicto de competencias y del recurso contencioso-administrativo a su Servicio de Asesoría Jurídica y le ha solicitado al Consejo de Navarra la emisión del preceptivo dictamen sobre el conflicto de competencias.


El contenido del litigio


Analizada la propuesta del Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra estimó que su contenido era inconstitucional y que no se adecuaba al orden de delimitación de competencias que establece la Constitución Española y la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.


En concreto, el preámbulo del "Plan Ibarretxe" determina la pertenencia de Navarra a lo que califica como un pueblo con identidad propia en el conjunto de los pueblos de Europa, al margen de cualquier decisión o manifestación de voluntad del pueblo navarro y de sus instituciones, y arrogándose indebidamente el Gobierno Vasco una representación de la que carece, refiriéndose, sin tener legitimidad ni título jurídico alguno, a un derecho de autodeterminación de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra para decidir sobre su futuro.


Por su parte, el artículo 6 prevé que las relaciones entre Navarra y la Comunidad de Euskadi se sujetarán a lo que establezcan los ordenamientos de dichas comunidades, sin aplicación del artículo 145 de la Constitución, así como el que si en el futuro los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Euskadi y los de la Comunidad Foral de Navarra decidieran libremente conformar una estructura política conjunta se establecería, de común acuerdo, un proceso de negociación política entre las instituciones respectivas para articular un nuevo marco de relaciones políticas que, en último término, deberá ser ratificado por la ciudadanía de ambas comunidades.


Ante tales intromisiones de la comunidad autónoma vecina en planteamientos y decisiones que sólo competen a Navarra y a sus ciudadanos, el Gobierno de Navarra acordó la interposición de cuantas acciones procesales resulten oportunas para la defensa de la integridad del régimen foral de Navarra y de las competencias de la Comunidad Foral, gravemente atacadas por la citada propuesta.


Gobierno de Navarra

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