La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo Hualde, considera que la  decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso presentado en mayo del año pasado, contra la llamada ‘Ley de víctimas de abusos policiales‘ del Ejecutivo vasco, “es una noticia importante, para avanzar en materia de reconocimiento a las víctimas y en políticas de memoria, paz y convivencia, también en Navarra”.

Ana Ollo ha valorado de manera positiva que el Tribunal Constitucional haya legitimado una Ley, similar a la aprobada por el Parlamento de Navarra el año pasado; la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, y también recurrida en el Tribunal Constitucional.

La consejera ha señalado que el propio Gobierno de Navarra está personado en estos procedimientos judiciales, al entender que la Ley tiene como objetivo principal el reconocimiento y la reparación de las víctimas de vulneración de derechos humanos, así como el establecimiento de garantías de no repetición,

Por ello, la responsable de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra ha señalado que espera que el Tribunal Constitucional mantenga esta jurisprudencia en el recurso ante la Ley Foral Navarra.

“Se trata de una sentencia importante no solo desde el punto de vista judicial, sino sobre todo ético, que va a permitir resarcir el derecho a la verdad, la justicia y la reparación que regula el Derecho Internacional de personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos en actos violentos de motivación política por parte de grupos de extrema derecha y de violencia institucional” señala la consejera Ollo.

En este sentido, recuerda que el Gobierno de Navarra ya emitió un informe positivo durante la tramitación de la Ley Foral en marzo de 2019, por entender que con ellos se daba respuesta también al deber de memoria de las víctimas que tienen las sociedades democráticas. Y es necesario abordar este trabajo con la voluntad de construir una sociedad más justa, más ética y más solidaria, donde las vulneraciones de Derechos Humanos cometidas en el pasado no puedan volver a repetirse.