16 de octubre de 2024

Las comunidades navarras en el exterior contarán con su propio consejo de representación y participación 

La vicepresidenta Ana Ollo destaca la importancia de un nuevo decreto foral aprobado hoy, desarrollo de la Ley Foral de Relaciones con la Ciudadanía Navarra en el Exterior
Las comunidades navarras en el exterior contarán con su propio consejo de representación Galería de imágenes

Las comunidades navarras en el exterior contarán con su propio consejo de representación

El Gobierno de Navarra, tras el dictamen favorable del Consejo de Navarra, ha acordado en su sesión de hoy dar luz verde al decreto foral que regulará la composición, organización y funcionamiento del Consejo de Comunidades Navarras en el Exterior, impulsado desde el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera. Este texto ha incluido distintas aportaciones recibidas tras su paso por el Portal de Participación y de las propias comunidades. 

El decreto regula cuestiones como el total de miembros de este órgano y el procedimiento de reconocimiento y registro oficial de estas comunidades (una veintena en la actualidad) , que podrán ser también virtuales. El consejo entraría en funcionamiento en un plazo de seis meses de la publicación del decreto en el Boletín Oficial de Navarra (BON).

Según ha explicado hoy en rueda de prensa la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, supone “un hito importante en el desarrollo de la Ley Foral previa de Ciudadanía en el Exterior, que se enmarca en una de las líneas básicas de la Estrategia Next de la dirección general de Acción Exterior del departamento, que persigue mantener una relación fluida con la comunidad de navarros y navarras que viven en el extranjero facilitando, si es su deseo también, su posible retorno”. 

El Consejo de Comunidades Navarras en el Exterior fue creado el año pasado por la Ley Foral 3/2023, de 22 de febrero, de Relaciones con la Ciudadanía Navarra en el Exterior, cuyo objeto es promover el fortalecimiento de las relaciones institucionales con la ciudadanía navarra asentada fuera del territorio foral, estableciendo el soporte jurídico que determina las líneas básicas de actuación que favorecerán las ayudas, la asistencia y la protección de quienes integran dicho colectivo, así como su retorno voluntario.

El proyecto de decreto foral responde así al desarrollo normativo previsto en la propia ley y regulará específicamente aspectos como la composición, organización y funcionamiento del consejo, el procedimiento de reconocimiento y registro de las comunidades navarras en el exterior, y el concepto y la naturaleza de las comunidades virtuales en el exterior.

El pasado 15 de abril, más allá del proceso participativo ordinario para hacer aportaciones, tuvo lugar una sesión virtual  en la que participó la vicepresidenta segunda Ana Ollo y a la  que invitó a todas las casas navarras en España y en el extranjero. Durante ese proceso se han recibido seis  aportaciones, algunas de las cuales, como las relativas a los requisitos para el  reconocimiento de las comunidades virtuales en el exterior, se han incorporado al texto final que también define su composición.

El organismo estará presidido la persona titular del departamento competente en la materia, mientras que la vicepresidencia la ocupará persona titular de la dirección general. Se aplicará el mismo criterio en el puesto de secretaria (secretaría general técnica del departamento) mientras que habrá 18 vocalías repartidas de la siguiente forma: dos personas designadas por la persona titular del departamento competente; cuatro nombrados por Departamentos del Gobierno de Navarra en el ámbito del Ejecutivo. 

Las comunidades navarras en el exterior tendrán ocho puestos distribuidos de la siguiente manera: Federación Nacional de Hogares Navarros (3); América Norte y Sur, Centroamérica y Caribe (2); resto del mundo (1) y las comunidades virtuales (2). Las asociaciones de emigrantes retornados tendrán un asiento y completarán la composición el Parlamento de Navarra con 2 puestos y la FNMYC con 1.

En la actualidad, el Gobierno de Navarra mantiene relación estrecha con cerca de una veintena de comunidades navarras en el exterior, 13 de las cuales están repartidas por distintas ciudades españolas, 4 en Argentina, 1 en Cuba y 1 en París. Anualmente, convoca ayudas dirigidas a financiar gastos de actividad, mantenimiento de locales y funcionamiento o inversiones de estos centros, que la Ley Foral 3/2023 considera como “un activo para el bien común de Navarra, por su importante papel en la proyección exterior de la Comunidad Foral de Navarra”, según ha explicado la vicepresidenta al poner en valor una norma que  les otorga la consideración de interlocutores referentes en materia de cuestiones relativas a la ciudadanía navarra en el exterior.

Un compromiso político y presupuestario del departamento 
“Estas comunidades navarras – ha destacado Ollo- ejercen, de facto, de embajadoras para la proyección exterior de la Comunidad Foral de Navarra y para la difusión de sus señas de identidad; al mismo tiempo que constituyen el nexo de unión entre todas aquellas personas que, viviendo fuera de Navarra, mantienen una especial vinculación con la misma. El decreto foral regula además las comunidades navarras virtuales, contempladas en la Ley 3/2023.

A partir de la inminente publicación en el BON de dicho decreto empieza todo el proceso que tiene que ver con la designación de integrantes y la puesta en marcha efectiva de dicho organismo, para lo que el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera también ha contemplado un refuerzo presupuestario en el recientemente aprobado anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2025, tanto en las partidas de ayudas a centros navarros en el exterior como para el funcionamiento del mismo consejo.

Cabe recordar que el departamento está preparando también lo que sería el II Plan de Acción Exterior de Navarra, en el que el eje de Navarra en el mundo seguirá siendo una pieza clave con ese enfoque bidireccional y participativo que recoge el decreto.