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El Gobierno de Navarra apoya una investigación sobre las 11.286 desapariciones de personas en las fronteras españolas
21 de diciembre de 2022
El Gobierno de Navarra apoya una investigación sobre las 11.286 desapariciones de personas en las fronteras españolas
Durante los cinco años que van desde 2018 hasta 2022, más de 11.280 personas perdieron la vida o quedaron en paradero desconocido al intentar llegar a España o cruzar las fronteras del estado español, una media de seis personas muertas al día. De ellas, 1.272 fueron mujeres y 377 eran niños y niñas, según los últimos datos del informe presentado hoy en Pamplona-Iruña por la organización Caminando Fronteras.
Durante los cinco años que van desde 2018 hasta 2022, más de 11.280 personas perdieron la vida o quedaron en paradero desconocido al intentar llegar a España o cruzar las fronteras del estado español, una media de seis personas muertas al día. De ellas, 1.272 fueron mujeres y 377 eran niños y niñas, según los últimos datos del informe presentado hoy en Pamplona-Iruña por la organización Caminando Fronteras.
“Todas esas víctimas de estas políticas de fronteras agresivas y tratados inhumanos merecen memoria y reparación, pero también sus familiares, los amigos y amigas de esas personas desaparecidas, que siguen esperando que algún día, alguien les devuelva una llamada que les diga dónde está su hermano, su sobrina o su hija. Esas personas sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra. Y esos familiares y amigos de personas desaparecidas también se encuentran aquí en Navarra”, ha señalado en el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, quien ha subrayado que “defender los derechos humanos en las fronteras, es defender los derechos humanos en Navarra”.
El consejero Eduardo Santos ha presentado hoy en rueda de prensa el informe 'Víctimas de la Necrofrontera 2018-2022' elaborado por el observatorio de derechos humanos de la ONG Caminando Fronteras, organización que desde hace más de 20 años trabaja desde investigación e intervención social por la defensa de los derechos de las personas y las comunidades en movimiento y que tiene como objetivo promover el acceso a derechos y la protección de la vida en los territorios fronterizos. Caminando Fronteras fue una de las organizaciones juntos con Salvamento Marítimo Humanitario y la ONG catalana Open Arms, una de las beneficiarias de la convocatoria de subvenciones para actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa, entre otras cosas para poder llevar a cabo este trabajo de investigación.
En el informe se analizan, cuantifican y repasan las muertes y las desapariciones provocadas en las lindes de España desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, a través del contacto directo de la organización con los allegados de las víctimas y su sistema de alertas, se analizan las causas de los naufragios y desapariciones, así como las formas de operar de las instituciones implicadas.
“Desde el Gobierno de Navarra, y en especial desde este Departamento, mantenemos un firme compromiso con la vida y los derechos en todos los lugares del mundo. Y en especial, en aquellos que nos apelan directamente como son nuestras fronteras, incluida aquella que tenemos más cerca que es el Bidasoa. Fruto de este compromiso surge la subvención y la colaboración con organizaciones como Caminando Fronteras para que se pueda seguir investigando el drama de aquellas personas que desaparecen —muertas, vivas o sometidas— a las puertas de nuestros hogares. Es necesario el trabajo de organizaciones como Caminando Fronteras y de sus investigadoras, académicas, periodistas, sociólogas, y también el relato colectivo, las familias y comunidades en movimiento para hacer memoria, reparación y justicia ante este drama contemporáneo y que se vive con gran indiferencia”, ha incidido Santos.
Derecho a reparación también aquí
Junto al consejero Eduardo Santos han compadecido en rueda de prensa María González Rollán, investigadora y coautora del informe, así como la periodista y miembro de la ONG, Helena Maleno. “¿Por qué contar a las víctimas de las fronteras?”, se ha preguntado en la presentación la propia Helena Maleno, también autora del estudio.
“Este informe tiene vocación de reparación para las familias de esas víctimas, para que se tomen medidas urgentes por parte de los políticos para que esto se revierta. Muchas víctimas de esas fronteras no están precisamente en África, están aquí, y están buscando respuestas. Las fronteras no solo son esas líneas en los mapas, también se sufren aquí”, ha señalado ella misma como respuesta.
“Hasta ahora las cifras nos hablaban de llegadas, de personas que vienen, de Políticas Migratorias, pero no teníamos ninguna cifra oficial sobre el impacto que las políticas fronteras tienen sobre el derecho a la vida de las personas. Nuestro observatorio ha contabilizado 625 tragedias en este año, de cuáles hemos analizado prácticas recurrentes como la omisión del deber de socorro que está instalada en la frontera”, ha indicado.
“No se activan medios de búsqueda y rescate de embarcaciones en peligro pese a tener posiciones geográficas”, ha añadido, “tampoco se colabora entre países con información suficiente para salvar vidas, la negación del auxilio por parte de civiles por miedo a las represalias, el abordaje de embarcaciones, los disparos de fuerzas de seguridad de los estados. En definitiva, hacer morir y dejar morir son las responsables de las 11.286 víctimas y por eso el informe termina hablando de esos factores estructurales”, ha aclarado Maleno.
Rutas más peligrosas
Por su parte, María González ha denunciado que las políticas migratorias de frontera aplicadas desde 2018 hasta hoy han empujado a los migrantes a “elegir rutas mucho más peligrosas y arriesgadas” y ha explicado algunas de las claves del estudio que aborda la franja situada entre el Estado español y el área costera comprendida entre el sur de Senegal hasta Argelia, en lo que técnicamente han denominado “necro-frontera”.
La “necro-política”, según explica el propio estudio, es un término acuñado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, que hace referencia al uso del poder político y social para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo otras deben morir.
“En definitiva, esas políticas, esas directrices, esas decisiones de cargos públicos, gobiernos y estados que deciden que la vida de unas personas, su derecho a vivir o a morir, difiere y se mide con diferente escala, según dónde hayan nacido o según dónde vayan a morir. Si esa vida se termina cuarenta centímetros hacia un lado u otro de una verja o media milla náutica a un lado u otro de una línea imaginaria”, ha señalado el consejero Santos.