La Comunidad Foral de Navarra ha estrenado este miércoles sus responsabilidades como representante del resto de comunidades autónomas en el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, una institución a nivel de Estado creada en 2002 y cuya principal función consiste en abordar el tratamiento de estas violencias desde la Administración de Justicia.

En esta primera sesión del año celebrada en la sede del Consejo del Poder Judicial en Madrid, ha participado el director general de Justicia del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Rafael Sainz de Rozas Bedialauneta, que fue recientemente designado para participar en estas sesiones en nombre de Navarra y el resto de comunidades.

La última vez que Navarra ostentó este cargo, que rota anualmente, fue en el año 2010. Ahora, y tras tomar el relevo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, volverá a ser la que durante todo 2022 servirá de enlace entre las comunidades en la comunicación de las decisiones que se tomen en este órgano de coordinación de todas las políticas públicas y relacionadas con la justicia que atañen a la violencia machista.

Actualmente el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género está integrado por varias instituciones como el Consejo Superior del Poder Judicial (CGJP), que ocupa la presidencia; el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Interior, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España y las Comunidades Autónomas, cuya representación ahora recae en Navarra.

Apuesta transversal por la prevención

Con motivo de esta primera reunión, el Director General de Justicia del Gobierno de Navarra, Rafael Sainz de Rozas, subrayó “la apuesta que el Gobierno foral hace por el refuerzo de las políticas públicas de prevención de violencia de género de forma transversal y no solo de un departamento específico”.

Este compromiso forma parte del pacto de legislatura y se ha materializado un año más con el aumento de presupuesto y de recursos en todas las áreas y servicios que prestan atención y apoyo a las víctimas, así como más específicamente en el Servicio de Asistencia jurídica gratuita a mujeres víctimas de violencia de género (SAM), en coordinación también con el Instituto Navarro para la Igualdad.