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Renta básica de emancipación

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Ayudas

Las ayudas existentes para quienes hubieran solicitado con anterioridad al 31 de diciembre de 2011 la Renta Básica de Emancipación pueden consistir en:

  • 147 euros al mes para el pago del alquiler durante un período máximo de cuatro años (modificación realizada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad).
  • 600 euros de préstamo, por una sola vez, para el pago de la fianza. Es un préstamo sin intereses que se devuelve al finalizar el contrato de alquiler o cuando dejes de recibir la Renta básica de Emancipación (*).
  • 120 euros para cubrir los gastos del aval bancario, por una sola vez, si se constituye un aval con un avalista privado como garantía del arrendamiento (*).

(*) Estas dos últimas ayudas sólo se podrán percibir si la solicitud de las mismas se efectúa en el plazo máximo de tres meses desde la fecha del contrato de arrendamiento.

La renta básica de emancipación es compatible con la deducción fiscal del 15% por el alquiler de la vivienda contemplada en el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

Estas subvenciones son incompatibles con la percepción simultánea de las ayudas al inquilino vigentes en la Comunidad Foral.

En caso de que existan varios titulares del contrato de arrendamiento, las cuantías de las ayudas serán el resultado de dividir las cantidades entre el número total de titulares del contrato, independientemente del número de titulares que cumplan los requisitos para acceder a las ayudas o del número de los que soliciten las ayudas (se entiende que es una prestación completa por contrato de alquiler, no por solicitante).

Duración de la subvención

La subvención puede percibirse durante un máximo de 4 años, si se mantienen las mismas condiciones exigidas para su concesión y en todo caso hasta cumplir los 30 años.

El beneficiario deberá comunicar al órgano competente para resolver, de forma inmediata desde que se produzcan, los cambios de condiciones o circunstancias personales, para que se resuelva al respecto.


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