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Procedimiento sancionador en materia de consumo

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El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio por la Administración, si bien puede derivar de un denuncia, de una inspección realizada por la Inspección de Consumo del Gobierno de Navarra o de cualquier otra Comunidad Autónoma, o de un acta de la Policía correspondiente o de la Guardia Civil.

El acuerdo mediante el cual se inicia este procedimiento se denomina “providencia”, y se comunica a la empresa o al profesional responsable de la infracción administrativa junto con el “pliego de cargos”, documento en el que se le informa de los hechos que se le imputan, de las normas que ha incumplido al cometer tales hechos, de la normativa que determina que tales incumplimientos constituyen infracción administrativa, así como la calificación (como muy grave, grave o leve) de la sanción que se propone y, por último, de sus posibilidades de defensa en dicho procedimiento.

Una vez recibidos, tanto la providencia como el pliego de cargos, la empresa dispone de un plazo de quince días hábiles (descontando, por tanto, domingos y festivos) para presentar alegaciones y proponer la práctica de las pruebas que estime oportunas.

Analizadas las alegaciones y pruebas practicadas, el órgano correspondiente debe resolver el procedimiento, y notificar esta resolución a la empresa, disponiendo de un plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución sancionadora o, en cambio, proceder al pago de dicha sanción.

Gobierno de Navarra

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