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Cuando un consumidor quiere dar a conocer a la Administración la existencia de un hecho que puede constituir infracción (incumplimiento de la normativa de protección al consumidor), y desea que se sancione a la empresa o profesional responsable, puede presentar una denuncia del hecho.

Presentada una denuncia, la Administración inicia un procedimiento de investigación de los hechos y obtención de pruebas que puede derivar en la apertura de un expediente sancionador, si queda probado que la empresa ha infringido la normativa en materia de consumo.

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