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Educación

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Según el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado en condiciones de igualdad y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, las comisiones organizadoras, de acuerdo con la regulación específica de la prueba de acceso que establezcan las Administraciones educativas en cada comunidad autónoma, determinarán las medidas oportunas que garanticen que los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar, tanto la fase general como la específica en las debidas condiciones de igualdad.

Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba de acceso, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle. En todo caso, la determinación de dichas medidas se hará basándose en las adaptaciones curriculares cursadas en bachillerato, las cuales estarán debidamente informadas por los correspondientes servicios de orientación.

Los tribunales calificadores podrán requerir informes y colaboración de los órganos técnicos competentes de las Administraciones educativas, así como de los centros donde hayan cursado bachillerato los estudiantes con discapacidad.

Para aquellos candidatos mayores de 25 años con algún tipo de discapacidad, que vayan a realizar la prueba de acceso y en el momento de su inscripción, justifiquen debidamente alguna discapacidad que les impida realizar la prueba de acceso con los medios ordinarios, será de aplicación lo dispuesto en los párrafos anteriores. La misma regulación se seguirá para los candidatos mayores de 45 años.

Conforme al Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado en condiciones de igualdad y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, se reservará un 5 por 100 de las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

El certificado, dictamen o procedimiento de valoración de la discapacidad será realizado por el órgano competente de cada comunidad autónoma de procedencia del interesado.

No obstante, y en atención a las personas con discapacidad, cuando no se oferte una titulación y centro en la fase extraordinaria, por haberse cubierto la totalidad de las plazas en la fase ordinaria, pero alguna o algunas plazas de este cupo de reserva fueron acumuladas al cupo general en la fase ordinaria por no haber solicitantes suficientes, las universidades podrán aumentar las plazas, hasta completar el 5 por 100, para que accedan los estudiantes con discapacidad que participen en la fase extraordinaria.

Los alumnos con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 quedan exentos totalmente del pago de tasas y precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario según lo establecido en la Disposición Vigésima Cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada según lo dispuesto en el artículo único apartado 90 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, desarrollada en Navarra por la Resolución 123/2007 de 28 de junio, del Director General de Universidades y Política Lingüística, por la que se fijan los precios públicos a satisfacer en la Universidad Pública de Navarra, por la prestación de servicios académicos y demás derechos conducentes a la obtención de títulos oficiales para el curso académico 2007-2008.

El coste económico de dicha exención será asumido por la Universidad Pública de Navarra, a la espera, en su caso, de un Acuerdo con el Gobierno de Navarra.

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