Según el Decreto Foral 116/2007, de 3 de septiembre, la Dirección General de Justicia se encarga principalmente de dotar al servicio público de justicia de medios personales y materiales. Asimismo, toma las medidas necesarias para garantizar en condiciones de igualdad el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos, como también proporciona la asistencia integral a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y se ocupa de la reeducación social y reinserción de los delincuentes. Igualmente, impulsa medios alternativos para resolver conflictos.

Por otro lado, estudia y propone las modificaciones referidas al número de órganos judiciales y a la demarcación de las zonas así como el nombramiento de Notarios y Registradores.

Con respecto a la administración penitenciaria, sólo ejerce aquellas competencias transferidas por el Estado, principalmente la referida a la ejecución.