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Las Comunidades Autónomas valoran sus órganos colegiados de participación pero coinciden en que hay que mejorarlos jueves, 19 de octubre de 2017
El Gobierno de Navarra ha clausurado hoy la IV Conferencia de la Red Autonómica de Participación Ciudadana celebrada en Pamplona
Reunión de la Red Autonómica de Participación Ciudadana
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Las Comunidades Autónomas valoran la necesidad de órganos colegiados de participación para la toma participada de decisiones, aunque coinciden en que deben introducirse en ellos mejoras de funcionamiento relacionadas con la transparencia, la apertura a nuevos agentes, la evaluación periódica o la difusión pública de sus acuerdos. Esta ha sido una de las principales conclusiones que se extraen de la IV Conferencia de la Red Autonómica de Participación Ciudadana, organizada por el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, que ha sido clausurada esta mañana en Pamplona.
La IV Conferencia de la Red, que se inició ayer con la participación de 13 Comunidades Autónomas, ha tenido hoy como tema principal la participación a través de los órganos colegiados. A lo largo de la jornada, se ha presentado un trabajo encargado por el Gobierno de Navarra para conocer el estado de la cuestión en las distintas Comunidades Autónomas.
Según los datos aportados, la mayoría de las CCAA (67%) consideran estos órganos colegiados “un instrumento útil” para la toma participada de decisiones, la mitad cree que funcionan de forma normal, aunque piensan que hay disparidad en cuanto funcionamiento y resultados de cada uno de ellos y, por tanto, tienen capacidad de mejora y actualización. Once comunidades quieren que se potencien y el 58% consideran que tienen suficientes recursos, frente a un 42% que opina que no. Entre los recursos más demandados están los económicos y humanos, personal técnico para dinamizarlos, así como intranet para comunicación y reuniones, o presupuestos anuales.
De este trabajo también se extrae que el 42% de las comunidades no abona dietas, un 50% expone que en algunos casos lo hacen y un 8% no contesta. Este abono económico, cuando se ofrece, es para cubrir gastos por desplazamiento y en algunos casos por alojamiento y manutención.
Consulta preceptiva
En este estudio se expone que en diez comunidades autónomas (75%) se consulta a estas entidades de forma preceptiva, mientras que en dos no se hace (25%).También se extraen conclusiones sobre la participación de personas ajenas a las administraciones, considerándola muy buena o buena, y se expone un alto grado de representatividad de las entidades relacionadas con estos órganos colegiados.
En general, la valoración del trabajo de estas entidades es considerado muy positivo y se añade que sus propuestas son tenidas en cuenta por las respectivas consejerías (83%); en la composición equitativa y propuestas e incidencia real en las políticas públicas contestan de forma favorable un 67%. También contestan de forma similar y en un porcentaje parecido cuando se les pregunta si responden a los objetivos y son una herramienta útil de participación ciudadana (58%).
La valoración más negativa, que se ofrece sobre estos órganos, es la relativa al conocimiento de los mismos y de su trabajo por parte de la sociedad. Este análisis se refiere a la mejora en el funcionamiento, a la mejora normativa, a la dinamización con especialistas y a la mejora en la representación, como datos más necesarios para acometer en el futuro.
Acciones de mejora
Del trabajo presentado, que ha sido realizado por CIES, se extraen una serie de propuestas para mejorar el funcionamiento de los órganos colegiados. Entre otras se exponen la necesidad de reordenar los órganos, la apertura a nuevos agentes, incorporar el concepto y la filosofía del “diálogo social”, crear un registro unificado de entidades, incrementar la participación de representantes y representados, o establecer un mecanismo justo de designación de los integrantes, todas ellas en cuanto a la composición.
También se citan, entre otras mejoras, las de avanzar en el inventario y regulación, elaborar una reglamentación básica definir funciones y objetivos, otorgarles más soberanía o incrementar el impacto de éstos en las políticas públicas. En cuanto al funcionamiento, se propone crear una comisión de coordinación de los órganos, crear grupos de trabajo, elaborar un manual de buenas prácticas, revisar los reglamentos y mejorar el proceso de elaboración de conclusiones, activar procesos de captación y formación, elaborar una memoria anual y realizar evaluaciones periódicas.
La red Autonómica de Participación Ciudadana es un foro de reflexión de las comunidades autónomas sobre las estructuras, instrumentos y estrategias que se impulsan en los diferentes territorios para promover una participación real y efectiva de la ciudadanía en la elaboración y evaluación de las políticas públicas. En total, se han adherido a la red 15 comunidades –la última, La Rioja, en el encuentro de Pamplona- de las que 13 han participado en la IV Conferencia clausurada hoy: Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla – La Mancha, Extremadura, Cantabria, Principado de Asturias, La Rioja, País Vasco, Castilla - León, Aragón, Murcia y Canarias, además de Navarra. Es la cuarta edición de una red que se reunió por primera vez en abril de 2016 en Zaragoza.
De esta primera edición surgió la “Carta de Zaragoza”, suscrita por los miembros de la red, que recoge los compromisos asumidos por todas estas regiones para avanzar en la promoción y desarrollo de la participación ciudadana en los procesos y políticas públicas.
Nota de prensa:
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