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Continúa con un 6% el incremento de la asistencia jurídica gratuita en Navarra, con más de 10.000 solicitudes en 2016 viernes, 25 de agosto de 2017


El Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia destinó 2,99 millones para financiar este servicio, prestado a través de los colegios de abogados y procuradores


La Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra tramitó el pasado año 10.177 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, un 6% más que en 2015, cuando fueron 9.614. Continúa así el incremento de la demanda de este servicio, que ya había crecido un 11% respecto a 2014, con 8.629 solicitudes.

El aumento del número de solicitudes de asistencia jurídica ha sido prácticamente una constante desde que Navarra asumió del Estado las competencias en materia de Justicia, en octubre de 1999. Cabe destacar que en el año 2000, primer ejercicio completo tras la mencionada transferencia de competencias, se tramitaron 1.697 solicitudes.

La mayor parte de las peticiones han estado tradicionalmente relacionadas con el ámbito penal, sobre todo diligencias previas. De hecho, el pasado año supusieron una de cada dos solicitudes. No obstante, la crisis económica ha conllevado un incremento de las solicitudes relacionadas con cuestiones familiares (divorcios, separaciones, etc.) y laborales (despidos, reclamaciones de cantidades, etc.). Una tendencia que en 2016 se ha visto interrumpida en el primer ámbito (jurisdicción civil-familia), con un descenso del 6,7% respecto a 2015, y atenuada en el segundo (jurisdicción social), con un incremento del 3%.

La asistencia jurídica gratuita, financiada el pasado año con 2,99 millones de euros, está destinada a personas con ingresos anuales de su unidad familiar inferiores al doble del IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), aunque en casos excepcionales, dependiendo de las circunstancias familiares, número de hijos, estado de salud, etc., también es posible acceder al servicio en el caso de rentas inferiores al quíntuple del IPREM.

Esta prestación la gestiona el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, cuya consejera, Mª José Beaumont, ha destacado el “importante esfuerzo presupuestario” que ha realizado el Gobierno para potenciarla. Incluye asesoramiento y orientación, previos a un proceso judicial; asistencia de abogado al detenido; defensa y representación en procedimiento judicial; asistencia pericial; y otras exenciones de pagos de tasas y derechos. Los servicios se llevan a cabo a través de los colegios de abogados de Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla, y del Colegio de Procuradores de Navarra.

Perfil de las personas solicitantes

Según consta en la memoria del Servicio Social de Justicia, del total de solicitudes tramitadas el pasado año, el 58,8% correspondían a hombres y el 41,2% a mujeres. Respecto a su origen, el 71,14% de estas personas pertenecientes al ámbito estatal y el 28,83% extranjeras.

Si se comparan estos datos con años anteriores, se observa que la diferencia por género se mantiene en parámetros similares. Sin embargo, destaca el incremento desde 2014 del número de ciudadanos estatales que solicitan este servicio respecto a los extranjeros. Aquel año la diferencia entre unas y otras fue de solo tres puntos porcentuales, en 2015 ascendió hasta los 30 y el pasado año alcanzó los 42 puntos porcentuales.

Por partidos judiciales, las 10.177 solicitudes de asistencia jurídica gratuita se distribuyeron de la siguiente forma: 7.166 en Pamplona y Aoiz, 1.494 en Tudela, 863 en Estella y 654 en Tafalla. Respecto al año anterior, se produjo un incremento del 8% en el número de expedientes registrados en Tafalla; del 7,9% en Tudela; del 5,8% en Pamplona y Aoiz; y del 2% en Estella.

De los 9.479 expedientes resueltos durante el pasado año, en 8.466 solicitudes (el 90%) se dispensó la asistencia jurídica gratuita al completo, en 89 (1%) se concedió solo abogado, y en el resto, 924 (9%) se denegó el servicio.

Solicitudes por ámbitos

Como se ha indicado, la jurisdicción penal, con 5.536, representó la mitad de las solicitudes tramitadas el pasado año, el 54,4% del total. Las diligencias previas (con el 46%), los procedimientos abreviados (14%) y las ejecutorias (12%) son las cuestiones más habituales en este orden.

Entre las solicitudes relacionadas con los asuntos de familia, que fueron 2.214, el 21,8% del total, destacan los procedimientos relacionados con la guarda y custodia de menores (el 24%), los divorcios contenciosos (el 23%) y la modificación de medidas (18%).

En materia civil, 1.612 solicitudes que representan el 15,9% del total, disminuyen los procedimientos relacionados con desahucios y ejecuciones hipotecarias, invirtiéndose la tendencia de ejercicios anteriores. Así, se tramitaron 336 expedientes en 2016, frente a los 405 registrados en 2015, es decir, casi un 17% menos.

Por su parte, las cuestiones del orden social supusieron 418 expedientes, el 4,1% del total. Los procedimientos más habituales fueron las reclamaciones a la Seguridad Social (el 30%), las reclamaciones por cantidades de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales (el 29%), y los relacionados con despidos (el 20%).

Finalmente, los expedientes relacionados con el orden contencioso-administrativo fueron 255, el 2,5% del total; y los de extranjería, 142, el 1,4% del total. Cabe destacar que si en el primero de estos ámbitos se mantiene el número de solicitudes, en el segundo se ha registrado un incremento del 10% respecto a 2015.

Financiación del servicio

El Gobierno de Navarra subvencionó el pasado año los servicios de asistencia jurídica que prestan los colegios de abogados y procuradores con una cuantía de 2.994.183 euros, un 8,7% más que en 2015.

De esta cantidad, 1,96 millones corresponden al turno de oficio, es decir, a los trabajos de asesoramiento y defensa que realizan los y las profesionales a lo largo del procedimiento judicial. Otros 593.044 euros son por la labor de asistencia letrada al detenido, y 385.721 por gastos de infraestructuras de la gestión colegial.


Nota de prensa:

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