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El Gobierno de Navarra deberá abonar finalmente 51,3 millones adicionales a los expropiados por la ampliación de la Ciudad del Transporte de Imárcoain miércoles, 19 de julio de 2017


Todas las sentencias judiciales han dado la razón a los propietarios de los terrenos de la tercera y cuarta fase, que ya recibieron en 2008 un total de 20,2 millones de indemnización inicial


Transcripción textual del video

El Gobierno de Navarra ha acordado hoy ampliar a 51.365.000 euros el gasto para que la sociedad pública Nasuvinsa, promotora de la ampliación de la Ciudad del Transporte de Imárcoain (actuación que databa de 2008), cumpla este mismo año las sentencias judiciales (corresponden a 17 expediente de expropiación) en las que el Tribunal Supremo ha dado la razón a los propietarios de los terrenos, frente a los recursos de casación que planteó el Gobierno de Navarra.

El Gobierno de Navarra ha acordado hoy ampliar a 51.365.000 euros el gasto para que la sociedad pública Nasuvinsa, promotora de la ampliación de la Ciudad del Transporte de Imárcoain (actuación que databa de 2008), cumpla este mismo año las sentencias judiciales (corresponden a 17 expediente de expropiación) en las que el Tribunal Supremo ha dado la razón a los propietarios de los terrenos, frente a los recursos de casación que planteó el Gobierno de Navarra.

El Supremo ha confirmado los autos del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 2015, que fijaba como justiprecio para el suelo expropiado en la tercera y cuarta fase de la Ciudad del Transporte 53,06 euros/m2, en unos casos, y 57,09 euros/m2, en otros (lo que totaliza 49,2 millones de euros de indemnizaciones adicionales). Además, ha ordenado el abono a los propietarios de un 5% adicional en concepto de intereses, lo que finalmente eleva el sobreprecio que las arcas forales deberán abonar por esta operación urbanística a 51,3 millones adicionales a los 20,2 con los que inicialmente fueron indemnizados los propietarios de estos terrenos, elevando el coste final del terreno preciso para esta ampliación a 71,5 millones.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo, tras serles notificadas las cuatro primeras sentencias del Tribunal Supremo favorables a los intereses de los propietarios, el Gobierno de Navarra ya estableció un mecanismo para hacer frente a las consecuencias económicas de este conflicto judicial que ahora permite ejecutar la sentencia en este mismo ejercicio presupuestario. Se aprobó una Ley Foral, que el Parlamento ratificó en mayo, con una dotación inicial de 25 millones de euros para que Nasuvinsa abonara las primeras compensaciones judicialmente establecidas. El citado crédito fue aprobado con la consideración de ampliable, con el fin de que a lo largo del año, si las sentencias continuaran dando la razón a los propietarios, como finalmente ha ocurrido, pudiera incrementarse hasta afrontar la totalidad de las indemnizaciones.

Los 26.365.000 euros con los que el Gobierno de Navarra ha acordado hoy ampliar la partida para los abonos a los que obligan estas sentencias judiciales se sufragarán a cargo del disponible en el fondo de contingencias del Presupuesto de Gastos de 2017 (9 millones de euros); y el resto se financiará con cargo a la mayor capacidad de endeudamiento negociado para Navarra entre los gobiernos central y foral para 2017 (la Ley Foral de Presupuestos se aprobó con una previsión inicial de déficit del 0,5% del PIB y finalmente ese límite de déficit se amplió al 0,6%, lo que supuso 19,8 millones de margen para mayor endeudamiento, de los que ahora se emplearán 17.365.000 euros para el abono de estas indemnizaciones adicionales).

Según ha explicado el Departamento de Derechos Sociales, "las gravosas sentencias a las que tiene que hacer frente ahora la Hacienda foral responden a un determinado modelo de gestión de suelo industrial, que revertía en beneficio de los promotores privados pero con riesgos a cargo del sector público, que ya está superado por el actual Gobierno, aunque arrastra todavía este tipo de consecuencias judiciales. En el caso concreto de la ampliación de las tercera y cuarte fase de la Ciudad del Transporte, en la adquisición de terreno y urbanización de parcelas y construcción de naves, las inversiones de la Administración pública soportaron pérdidas de 81 millones de euros, mientras que el sector privado obtuvo unos beneficios de 26 millones de euros".

Actualmente, sólo la mitad de los 600.000 metros cuadrados del suelo industrial de la tercera fase de la Ciudad del Transporte cuenta con algún tipo de implantación empresarial, mientras que la cuarta fase, a pesar de que el Gobierno adquirió en su día a través de Nasuvinsa otros 400.000 metros cuadrados, no tiene ninguna ocupación y ni siquiera es suelo urbanizado. No sólo eso, sino que incluso en algunos casos los antiguos propietarios han seguido cultivando en estos terrenos.

El proceso judicial

La Ciudad del Transporte se ubica a nueve kilómetros de Pamplona, con una superficie total prevista de unos 1,6 millones de metros cuadrados. La primera y segunda fase, con una superficie de 608.000 metros cuadrados, está en servicio, mientras que entre el millón de metros cuadrados de la posterior ampliación, la tercera fase está a la mitad de ocupación y la cuarta está sin urbanizar.

El asunto tiene su origen en 2008, cuando el Jurado de Expropiación de Navarra fijó en 20,01 euros el metro cuadrado el justiprecio de los terrenos afectados por el Plan de Ampliación de la Ciudad del Transporte de Pamplona, que preveía una tercera y cuarta fase de expansión, con 636.000 y 394.000 metros cuadrados, respectivamente.

Los acuerdos del jurado fueron recurridos por varios propietarios afectados, recursos que desestimó la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en noviembre de 2009.

Los particulares afectados recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo, quien por sentencia del 12 de diciembre de 2012 estimó los recursos y declaró el derecho de los recurrentes a recibir un justiprecio que se determinaría en ejecución de sentencia conforme a las bases fijadas por el propio Tribunal Supremo. Este justiprecio fue fijado por la Sala de Navarra en marzo de 2015 en 53,06 euros el metro cuadrado, en unos casos, y en 57,09 euros el metro cuadrado, en otros. El Gobierno anterior recurrió aquellos autos y el TSJN en febrero de 2016 desestimó los recursos y confirmó el justiprecio.

El Ejecutivo Foral recurrió en casación los autos ante el Tribunal Supremo, que ha ido desestimándolos faltando por resolver dos de ellos. Por otra parte, el Gobierno de Navarra ha interpuesto recursos de amparo contra los autos del Tribunal Supremo y solicitando la suspensión de las resoluciones judiciales que obligan a pagar el justiprecio fijado por el TSJ de Navarra. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado ni sobre la admisión ni tampoco sobre las solicitudes de suspensión.


Nota de prensa:

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