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La pobreza severa siguió creciendo en el año 2015 en Navarra hasta alcanzar al 8,8% de la población viernes, 02 de junio de 2017


Derechos Sociales presenta este viernes en una jornada el Diagnóstico del  Plan de Inclusión Social, que será la base del futuro Plan de Inclusión de Navarra


LA pobreza severa siguió creciendo en el año 2015.

La pobreza severa afectaba en 2015 en Navarra a entre 40.000 y 55.000 personas, según las diversas metodologías empleadas en el Diagnostico para el Plan de Inclusión Social que hoy ha presentado el Vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, en una jornada celebrada en el Auditorio CIVICAN.

Por un lado, según los últimos datos disponibles procedentes de la estadística de renta, en 2015 la pobreza severa aumentó 1,7 puntos respecto a 2014, hasta alcanzar el 8,8% de la población navarra. En términos absolutos supone una subida de unas 10.000 personas, hasta las 55.000 aproximadamente. Por otro lado, según los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida, afectaría al  6,4%, unas 40.000 personas, medido con umbral autonómico.

El vicepresidente de Derechos Sociales ha considerado que “en cualquier de los casos, estas cifras evidencian que la pobreza severa siguió creciendo en el año 2015 pese a la mejora económica y la disminución del desempleo. Una pobreza localizada en los sectores más vulnerables, pese a la mejoría general donde el riesgo de pobreza pasa del 17,1% en 2015 al 14,7%”.

Menores, personas extranjeras y mujeres

La pobreza en Navarra tiene rostro infantil, de una persona extranjera y afecta más a  las mujeres que a los hombres. La incidencia y crudeza de la pobreza infantil se evidencia en que la mayor tasa de pobreza severa en 2015 correspondía a las personas menores de 16 años (14,2%), frente a la media del 8,8% del conjunto de la población.

Respecto al sexo, se aprecia una mayor probabilidad de vivir situaciones de pobreza en las mujeres. Es en las personas de más de 65 años es donde mayor distancia hay en perjuicio de las mujeres (14,1% hombres frente al 21,3% de las mujeres en riesgo de pobreza). La nacionalidad es un factor muy relevante para la pobreza: mientras para las personas con nacionalidad española solo una de cada 16 padecía pobreza severa en 2015 (el 6,5%) en el caso de las extranjeras eran una de cada tres (el 31,1%). 

“El incremento de los hogares sin ingresos, la persistencia de altas tasas de paro de larga duración y la caída de las prestaciones por desempleo, son algunas de las principales variables que explican el incremento de la pobreza severa en el año 2015 pese a la reducción del desempleo y el crecimiento económico de ese año”, ha destacado Laparra.

El vicepresidente ha señalado que “el esfuerzo de inversión social del nuevo Gobierno de Navarra para combatir la pobreza en 2015, con un incremento de fondos para la Renta Garantizada de 15 millones de euros, y de 2 millones de ayudas de emergencia social de ese año, no fue suficiente para corregir en su totalidad la falta de compromiso del Estado con los parados, cuyas prestaciones cayeron en Navarra en 73,2 millones en el año 2015. Eso hizo que el numero de hogares sin ingresos, entendidos como aquellos que no tienen ingresos por trabajo, pensiones o prestaciones, siguió aumentando ese año pese a la reducción del desempleo.”

La pobreza dibuja un mapa profundamente heterogéneo: el impacto de la crisis ha sido más intenso en la zona de Tudela, Tafalla y Estella. Según el umbral anclado en 2008, las diferencias territoriales se mantienen; así, la población con bajos ingresos en el año 2014 se concentraba sobre todo en las zonas de Tudela, Tafalla y Estella. En el área de Tudela el riesgo de pobreza se situaba en el 37,6% y la pobreza severa en el 13,6%.

Evolución del Empleo

La mejora del empleo de los últimos dos años es evidente, sin embargo, las cifras de paro todavía resultan elevadas. Además, se ha corroborado que determinados perfiles se encuentran todavía con importantes dificultades de acceso al empleo. Es preciso señalar que, a la vista de la investigación ya constatada en otros casos, el crecimiento económico por sí solo no resuelve el problema estructural de pobreza ya desigualdad si no va acompañado de políticas redistributivas y de lucha contra la pobreza.

En relación con los perfiles del desempleo, el análisis ha confirmado que en muchos casos el nivel de empleabilidad es reducido. A medida que aumenta el tiempo en desempleo el peso de las personas desempleadas de 50 o más años aumenta de forma notable, de forma que el 52% de las personas desempleadas de larga duración tienen más de 50 años. Se trata de un  aspecto clave a considerar a la hora de implementar líneas y medidas de actuación.

Desde la perspectiva de género, las mujeres no solo siguen encontrándose en situaciones de mayor vulnerabilidad social y mayor riesgo de pobreza sino que dicha desigualdad parece volver a incrementarse. La incidencia del desempleo entre las mujeres es mayor, también lo es la precariedad en forma de temporalidad, jornadas parciales, menores salarios, etc.

En ese sentido, la creciente precariedad laboral contribuye al crecimiento de la desigualdad, vulnerabilidad y exclusión. Si en el año 2007 un 19,1% de los contratos de trabajo eran de una duración inferior a 7 días, en el año 2015 un 41,4% de los contratos tuvieron una duración inferior a 7 días.

Perfil del perceptor de Renta Básica

El perfil de las personas solicitantes de RIS entre los años 2007 y 2015 ha evolucionado hacia lo que podríamos denominar como la creciente “normalización”. Así, se ha producido un claro aumento de las personas pertenecientes a la población autóctona no gitana, pasando de un 27,7% en 2007 a un 41,6% en 2015. Es decir, ha aumentado casi 14 puntos porcentuales en detrimento de otros grupos poblacionales como la población autóctona de etnia gitana, que ha bajado casi 9,5 puntos, o la población inmigrante que ha disminuido ligeramente.

En cuanto a la variable sexo, es de destacar una inversión en la tendencia en cuanto a la población autóctona. En 2007 apenas había 4 puntos de diferencia de las mujeres por encima de los hombres en cuanto a solicitantes de RIS, en cambio en el 2015 la diferencia es de 5 puntos, pero en este caso en favor de los hombres.

En cuanto a la tipología del hogar no se observan cambios significativos, manteniéndose los hogares monoparentales en primer lugar como perceptores de RIS, un 25,4% de total de perceptores son familias monoparentales (con mujeres al frente en el 92,5% de los casos en 2015), seguidos de parejas con hijos sumando, un 23,8%. Se observa el aumento de los hogares con presencia de menores, los cuales suponen un 36,2% de las personas perceptoras de RIS. Es muy significativo el aumento porcentual de estos menores respecto a la población total de menores de Navarra: en el año 2007 el 2% del total de menores de Navarra vivía en una familia perceptora de RIS. En el año 2015, estos suponían el 8,5% del total de los menores.

Otros indicadores de normalización tienen que ver con los hogares que tenían ingresos previos a la percepción de la renta garantizada, que pasan de un 19% en 2007 a un 30,6% en 2015; los inscritos en el SNE-NL pasan del 51,9% en 2007 al 85,5% en 2015; y las personas con formación superior a la ESO pasan de un 7,7% a un 12, 1%.

De los programas de rentas mínimas se sale

Para averiguar cómo ha sido la trayectoria de las personas usuarias en esta prestación durante el periodo 2007-2016 se ha realizado un estudio sobre el tiempo de percepción de la prestación. De las 58.000 personas que la han percibido durante los últimos 10 años, casi un 60% la ha recibido durante un tiempo inferior a dos años. Un 37,8% la ha percibido durante un año o menos y un 21,8% lo ha hecho entre uno y dos años.  Por el contrario, solo un 8,8% ha percibido la prestación entre 5 y 10 años, siendo solo un 1% el que ha estado en el programa la mayor parte del tiempo analizado, entre 8 y 10 años.

Cabe destacar que de esas 58.000 personas que pasaron por el programa en 2016, un 50,2% ha salido del programa y no ha vuelto. En general, estos datos corroboran que esta prestación cumple básicamente el rol que se le asigna en cuanto a proporcionar una  protección social básica a las personas, que la inmensa mayoría de las veces es temporal, permitiendo combatir la pobreza severa y mejorar los niveles de bienestar.

Vivienda

El aumento del precio de la VPO por encima del IPC y la bajada de la renta media de los hogares ha dificultado el acceso a vivienda de aquellos sectores de población a los que precisamente se dirigía esta figura.

Las consecuencias fueron un encarecimiento notable de la vivienda protegida, un 76,5% entre el año 2001 y 2015, la ampliación de los sectores de población que no pueden acceder a esta figura y el sobre esfuerzo que debían hacer las familias inquilinas de vivienda protegida, cuyas rentas de alquiler sufrieron esa misma subida pese al empeoramiento de su situación económica. No es hasta 2016 cuando el módulo baja de forma significativa, siendo 2017 un punto de inflexión en el precio del arrendamiento al desligarse del módulo, y reducirse de media entre un 8% y un 14% con la aprobación de la nueva ley foral de vivienda.

Estos datos ponen en evidencia las enormes dificultades de los colectivos vulnerables para acceder a una vivienda en propiedad, así como el importante esfuerzo extra que deben realizar para el pago, en este caso sobre todo a través del alquiler, de un gasto fundamental en las familias como es la vivienda. Resulta especialmente significativo que un 64,7% de las familias perceptoras de RIS vivan en régimen de alquiler, siendo realquiladas un 22,3%, y un 15% residan en vivienda en propiedad que sigue pagando (solo un 4,8% tiene la vivienda pagada y un 9,6% vivienda cedida).

Por el contrario, del conjunto de la población Navarra, un 85% reside en vivienda de su propiedad, un 2% en vivienda cedida y un 13% en alquiler. De todos los que residen en vivienda en propiedad, el 54% la tiene totalmente pagada, un 7% por herencia o donación y un 39% tiene pagos pendientes.

Dentro del ámbito de la vivienda, una de las consecuencias más duras de la crisis y la falta de cobertura social para hacerle frente, ha sido el incremento vertiginoso de las ejecuciones hipotecarias y desahucios tanto en el conjunto del Estado como en Navarra. Aunque la mejor situación económica comparada ha hecho que en Navarra el incremento haya sido menor (la tasa de ejecuciones hipotecarias es menos de la mitad en Navarra que en el conjunto de España), cabe destacar que entre los años 2007 y 2016, se han producido 5.639 ejecuciones hipotecarias y 2.709 desahucios. Si bien en los dos últimos años se ha reducido de manera importante las ejecuciones hipotecarias, un 41%, los desahucios permanecen en una cifra estable en torno a los 300 anuales.

Otra cuestión importante tiene que ver con las personas con carencias materiales relacionadas con la vivienda (hipoteca o alquiler, gastos energéticos, pago de comunidad, etc.), lo que se define en ocasiones como “pobreza energética”. En esta cuestión, los datos comparados con el conjunto de España también son positivos, un 5,3% en el caso de Navarra declara tener retrasos en el pago de los gastos de la vivienda principal frente al 9,8% en España en el año 2016. Según la Encuesta de Vivienda en Navarra, un 3% de los hogares tuvieron retrasos en los pagos en el último año si bien la mitad de ellos 5.000 en datos absolutos, recibieron ayudas públicas para hacerles frente. Un dato positivo este último pero que también señala carencias en la universalidad del sistema de protección social.

Ámbito educativo

Navarra es la tercera CCAA con menor tasa de abandono escolar temprano y se sitúa ligeramente por encima de la media europea, con una tasa en 2015 del 10,8%. Sin embargo, el contexto socioeconómico tiene una relación estrecha con el abandono de los estudios. Según datos que aporta la Encuesta de Necesidades de Inclusión Social de 2016, la mitad de los encuestados, es decir, personas en hogares con riesgo de pobreza, dejó sus estudios con 16 años o menos, y un 14,3% entre los 17 y 18 años.

En cuanto a la relación con el empleo, la educación es uno de los factores más determinantes del desempleo. En 2008 la diferencia entre tener estudios muy básicos (o no tener) y superiores en cuanto al desempleo era de 7,8 puntos, pero en 2016 fue de 26,1 puntos.

Salud

La relación entre exclusión social y salud es estrecha y bidireccional, los problemas de salud se encuentran en ocasiones en el origen de los procesos de exclusión,  y la exclusión social impacta negativamente sobre el estado de salud. En cualquier caso, el daño a la salud que provocan las desventajas económicas y sociales puede ser modificable a través de las intervenciones políticas y sociales.

Como ejemplo de lo relatado, se muestran datos comparativos entre la población beneficiaria de Renta de Inclusión Social en Navarra en 2015 y el resto de población. Este ejercicio analítico es innovador en el panorama autonómico, ya que hasta ahora no se habían cruzado datos de los registros administrativos de personas perceptoras de rentas mínimas con los datos sanitarios. En general, los resultados muestran una evidente peor condición de salud las personas que percibían la RIS.

En el caso de la obesidad, la diferencia no sólo es palpable en todos los grupos de edad (excepto en menores de 9 años y mayores de 65 años), sino que la tendencia de género se invierte. La prevalencia es mayor en mujeres en el caso de población beneficiaria de RIS, siendo por el contrario los hombres en la población total. Especialmente llamativo es el dato de mujeres de RIS de 55 a 65 años, donde la diferencia es de 14 puntos (un 23% frente al 9%).

En la comparación, en este caso sobre quienes han tenido en algún momento un episodio de depresión y/o ansiedad en Atención Primaria, los datos muestran una mayor incidencia en la población beneficiaria de RIS (2 puntos) respecto al resto de población, así como en la variable sexo (hasta 14 puntos más en el grupo de edad de 40 a 54 años y de 12 en el grupo de 55 a 65 años), y  es en los grupos de edad de 25 a 39 y 40 a 54 años donde la brecha se agudiza respecto a la población total, ya que la diferencia es de 10 y 11 puntos porcentuales superior en la población beneficiaria de prestaciones económicas de inclusión social.

Finalmente, en el diagnóstico presentado se analizan otros aspectos como el ámbito relacional, la participación social y política y la evolución de la población en situación administrativa irregular entre otros. Respecto a los dos primeros ámbitos se destacan diversas dificultades añadidas y la escasa participación social y política comparada de la población en situación de vulnerabilidad. Respecto a la irregularidad, la tendencia desde 2015 es de ligero repunte en cuanto al porcentaje de personas afectadas, si bien muy lejos de las cifras de Navarra en el año 2005. Si en 2005 era un 44,8% de la población de origen extranjero, en 2017 supone únicamente el 15,6%.


Nota de prensa:

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