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La vicepresidenta Goicoechea insta a la unidad de la Administración y entidades sociales frente al fraude laboral jueves, 30 de enero de 2014
Ha participado hoy en el XV Plenario de la Comisión para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
La vicepresidenta Goicoechea ha participado en el XV Plenario de la Inspección de Trabajo.
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La vicepresidenta primera y consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea, ha instado hoy a la unidad entre las administraciones públicas, tanto estatal como autonómica y local, y las entidades sociales para la lucha contra el fraude laboral y la economía sumergida.
Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en el XV Plenario de la Comisión para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que ha reunido en Pamplona a los directores generales de trabajo de las comunidades autónomas. En la sesión ha participado asimismo el subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro y el director general de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, José Ignacio Sacristán Enciso.
La vicepresidenta ha argumentado que la economía sumergida es un problema en todos los niveles: no garantiza los derechos de los trabajadores; para los empresarios supone competencia desleal; y en cuanto a las administraciones, implica un agujero en el sistema que sostiene los servicios básicos de los ciudadanos.
Plan de lucha contra la economía sumergida y el empleo no declarado
En este sentido, Lourdes Goicoechea ha recordado las líneas de actuación del Gobierno de Navarra establecidas en el Plan de lucha contra la economía sumergida y el empleo no declarado acordado a finales de 2012 con la Administración General del Estado, la Federación Navarra de Municipios y Concejos y los principales agentes económicos y sociales de la Comunidad Foral (la Confederación de Empresarios de Navarra y las organizaciones sindicales UGT y CCOO). Este acuerdo preveía un programa de actuación global no sólo para controlar y sancionar, sino también para prevenir estas situaciones a través de la sensibilización. Establecía medidas de cooperación entre las instituciones públicas para detectar actividades económicas no declaradas mediante el intercambio de información; la elaboración de campañas de información y sensibilización entre el empresariado, trabajadores y ciudadanía; así como la creación de grupos de trabajo para coordinar las actuaciones y evaluar su aplicación.
En el desarrollo de este plan, el Gobierno de Navarra viene firmando acuerdos de colaboración con las diferentes administraciones públicas, como el rubricado en julio de 2013 entre la Hacienda Tributaria de Navarra con la Administración General del Estado para el intercambio de información que permita localizar actividades de fraude fiscal, economía sumergida y empleo no declarado. Con el mismo objetivo, la Hacienda Tributaria tiene previsto firmar convenios con 25 ayuntamientos de Navarra, el primero de ellos con el Consistorio de Pamplona, en octubre pasado, que permitirá un control más exhaustivo de las actividades comerciales y empresariales.
La vicepresidenta Goicoechea ha hecho referencia también a la última reunión de la comisión Navarra-Estado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, celebrada en noviembre de 2013, en la que se acordó establecer una especial vigilancia y control de las condiciones laborales y cumplimiento de horarios de las empresas con expedientes de rgulación de empleo (ERE). Ha señalado que en 2013 descendió el número de empresasque tramitaron expedientes de regulación de empleo: los ERE de extinción afectaron a 932 trabajadores, un 14,4% menos que en 2012 (1.089 trabajadores), y los ERE temporales cayeron un 32%, afectando a 7.242 personas frente a los 10.646 en 2012.
La lucha contra el fraude laboral en España
Por su parte, Pedro LLorente ha destacado ante el Plenario los buenos resultados obtenidos en desarrollo del Plan de Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en España. En los años 2012 y 2013, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó 112.926 infracciones en materia de seguridad social, proponiendo sanciones por un importe de 367,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 82% con respecto al periodo 2010- 2011.
Igualmente, en el periodo de vigencia del Plan se han aflorado 161.381 empleos, y se ha producido un incremento notable de las sanciones a las empresas en materia de entidades ficticias. En 2012 se lograron anular 730 inscripciones de empresas ficticias y 1348 en 2013. Además, entre 2012 y 2013 se han logrado anular 78.056 altas ficticias o contratos de trabajo falsos, celebrados con el único objetivo de obtener prestaciones de manera fraudulenta.
El impacto global de las actuaciones en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en ese periodo se estima en 7.625 millones de euros, a falta de la consolidación de los datos del mes de diciembre de 2013.
Comisión de trabajo para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
La Comisión de trabajo para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está integrada por representantes de la Administración General de Estado con rango de director general de las áreas implicadas, y de cada comunidad autónoma, y está presidida rotatoriamente por los directores generales de las comunidades autónomas. Surge de la constatación de que sólo la acción coordinada de las distintas administraciones públicas competentes permitirá lograr la mayor eficacia en la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La Inspección de Trabajo depende, , excepto en Cataluña y País Vasco que ya han operado transferencias en esta materia, del Estado y las comunidades autónomas: en materia de relaciones laborales y prevención de riesgos, de estas últimas, y en las materias de seguridad social y economía irregular, de la Administración Central.
Nota de prensa:
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