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El Gobierno de Navarra destinó el año pasado a asistencia jurídica gratuita un 27,6% más que en 2008 viernes, 09 de abril de 2010

La crisis económica y el endurecimiento de las infracciones de tráfico, entre los motivos del incremento de solicitudes


El Gobierno de Navarra destinó a asistencia jurídica gratuita durante el pasado año un total de 2.505.525,78 euros, un 27,6% más que en 2008, según datos extraídos de la memoria de 2009 del Servicio Social de Justicia, la unidad que se encarga de garantizar el derecho de defensa de personas con escasos recursos económicos.

Los motivos de este crecimiento son los mismos que en 2008, año en el que se registró una facturación un 25% superior a la de 2007: incremento de los juicios monitorios por impagos (hipotecas, créditos, etc), casos relacionados con el ámbito de la familia (revisiones de las cláusulas de un divorcio, por ejemplo, tras quedar un cónyuge en el paro o afectado por una regulación de empleo), crecimiento de las gestiones en materia de extranjería o endurecimiento de las infracciones a la normativa de seguridad vial en el Código Penal. Además de por las causas objeto de procedimiento, también se ha incrementado el número de personas que recurre a la asistencia jurídica gratuita al empeorar su situación económica (renta básica, cobro por desempleo o sin recursos).

Durante todo el año 2009, los colegios de abogados de Navarra registraron un total de 9.345 solicitudes de asistencia jurídica gratuita. Las peticiones son evaluadas por una comisión integrada por representantes del ministerio fiscal, colegios de abogados y procuradores y técnicos del Gobierno de Navarra, ateniendo a los ingresos y a las cargas de los solicitantes. Respecto al ejercicio 2008, se ha producido un incremento de un 23,8% (la diferencia respecto al incremento de la facturación radica en que algunos procedimientos judiciales son más caros que otros).

Por razón de sexo, 6.417 expedientes fueron iniciados por varones y 2.898, por mujeres. Respecto a su origen, 5.889 provenían de nacionales y 3.456 de extranjeros (291 de extranjería, el resto principalmente del ámbito de lo penal y la familia).

Respecto a las solicitudes por orden jurisdiccional, los procedimientos del orden penal suponen más de la mitad de las solicitudes cursadas (62%) y duplican a las solicitudes del orden civil, que ocupan el segundo lugar en el rango (28%), seguidos de la conflictividad contencioso-administrativa y social y la extranjería.

Ciudadanos desfavorecidos

Como norma general, pueden acceder a esta ayuda las personas físicas con ingresos anuales de su unidad familiar inferiores al doble Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), 14.910 euros. Las ayudas pueden ser al 80% o al cien por cien, dependiendo de los ingresos. Así, en 2009, de las 6.000 solicitudes aceptadas, 4.588 fueron concedidas al cien por cien y otras 1.682 al 80% (los defendidos deberán asumir gastos de funcionamiento, tales como registro, aranceles o certificados). El resto de expedientes estaban en tramitación o se resolvieron con denegaciones de la ayuda.

En casos excepcionales (circunstancias familiares, número de hijos, estado de salud, etc) también es posible acceder a la asistencia jurídica gratuita si la renta es inferior al cuádruple del IPREM. El Gobierno de Navarra también asiste a quienes no tienen ingresos de ningún tipo (especialmente inmigrantes e internos en el centro penitenciario).

La prestación de este servicio conlleva asistencia letrada al detenido (guardias) o preso, defensa por abogado y representación a través de un procurador en el turno de oficio, peritajes y gastos de funcionamiento. La mayor parte de las solicitudes las atiende el Colegio de Pamplona (68% de las registradas), pero también las gestionan los de Tudela, Estella y Tafalla, en colaboración con el Colegio de Procuradores.

El objetivo de la asistencia jurídica gratuita es permitir a los ciudadanos desfavorecidos proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos. Previamente, la comisión evaluadora analiza si la demanda del solicitante prosperará en los tribunales, esto es, si se trata de un caso perdido, si su resolución corresponde a otras instancias o si existe temeridad en el pleito. Esta insostenibilidad es residual, por debajo del 1% del total.
Gobierno de Navarra

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